LA EVALUACIÓN EN LA EDUCACIÓN BÁSICA

LA EVALUACIÓN EN LA EDUCACIÓN BÁSICA

No es poco lo que el gobierno mexicano, a través de la Dirección General de Evaluación de la Secretaría de Educación Pública, realiza en materia evaluativa.

Sin embargo, resulta paradójico que estos estudios, por más que reúnen información de enorme pertinencia sobre los resultados de la educación nacional, sobre su nivel de calidad, y sobre las diferencias entre regiones, tipos de escuelas, y características de los alumnos y de los maestros, han sido realmente muy poco útiles.  Han servido muy poco para orientar la toma de decisiones en materia de política educativa, porque las autoridades educativas no los conocen o porque, conociéndolos, no han permitido que informen sus decisiones.  Han servido muy poco también porque la opinión pública no los conoce, y por lo mismo no ejerce la presión necesaria para que los problemas que estas evaluaciones descubren sean adecuadamente atendidos.  Son conocidos los reclamos de la opinión pública por la falta de difusión de los resultados en materia de evaluación de los aprendizajes. La sociedad mexicana está ansiosa por contar con información objetiva acerca de la calidad de la educación que se imparte en las escuelas del país, y sobre la manera como ésta compara con la de otros países, cercanos y lejanos en niveles de escolaridad y de desarrollo. 

Por primera vez, algunos resultados de algunas de estas evaluaciones aparecen en el último Informe de Labores 1999-2000.  Los datos que se presentan son siempre relativos: calificados según norma, o comparando en el tiempo, y son difícilmente interpretables desde la perspectiva de lo que la sociedad mexicana quiere saber.

Desde la investigación educativa, existen algunos estudios que incluyen una medición de resultados de aprendizaje entre sus instrumentos. Estos estudios generalmente recogen datos que no son representativos a nivel nacional.  A pesar de ello, son consistentes en identificar serios problemas relacionados con la calidad de la educación, así como con la desigualdad de los resultados entre zonas urbanas y rurales, estados más y menos desarrollados, población mestiza y población indígena, y modalidades educativas.  Proporcionan evidencia suficiente para ocasionar preocupación por la calidad y la equidad de la educación en el país, y razones de más para emprender acciones tendientes a comprender mejor estos fenómenos y a combatir sus causas.

La importancia de la evaluación

Es muy importante que en México se realice, se utilice y se difunda la evaluación educativa por las siguientes razones:

• §        Por lo bajos que resultan los resultados de aprendizaje en los diversos intentos que se han realizado en el país por medirlos.
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• §        Por las evidencias que existen de la forma como se distribuye la calidad de la educación básica entre alumnos de regiones. Clases sociales y grupos étnicos distintos.
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• §        Porque si los resultados no se dan a conocer, estas graves realidades permanecen ocultas y no son atendidas.

La Ley General de Educación, publicada en 1993, otorga a la Federación las funciones de normar, compensar y evaluar.  La relación entre las tres funciones, pero sobre todo entre la evaluativa y la normativa, y entre la evaluativa y la compensatoria, es evidente.  Es necesario perseguir el objetivo de facilitar esta relación.

Es necesario tener en cuenta que, en esa misma ley, se estipula con claridad que las autoridades educativas están obligadas a dar a conocer a la sociedad los resultados de las evaluaciones que realicen.

Cómo hacer evaluación educativa en México

Son probablemente dos las razones fundamentales por las que en México se vive la paradoja de, por un lado contar con información evaluativa de pertinencia y calidad, y por otro de que ésta no se use ni se conozca:

§        La primera tiene que ver con el hecho de que la evaluación educativa se realiza desde la propia Secretaría de Educación Pública, que es quien define qué información da a conocer y cómo la proporciona.  La Secretaría de Educación Pública es juez y parte en este proceso valorativo de la función educativa más importante, tan importante como la de asegurar que los alumnos puedan acceder a la escuela: lograr que los alumnos aprendan.  En otros países ocurre igual, pero la información evaluativa sí circula.  El hecho de que en México esto no haya ocurrido nos habla de la conveniencia de que la evaluación se realice fuera de la SEP, a través de una institución que se rija por su propia ley orgánica que le obligue a cumplir con ciertas condiciones.

§        La segunda sin duda hace referencia a la ausencia en el país de una cultura de la evaluación.  En México se ha procedido con dos temores: el propio de ser evaluado (temor a las consecuencias en reputación, salario, carrera futura), y el de la reacción posible del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación. En el caso de la evaluación, se juntan ambos temores, pues cuando se evalúan los aprendizajes, de alguna manera se está valorando el trabajo de los maestros.  Puesto que éstos están temerosos de las consecuencias de ser evaluados, canalizan sus resistencias a través del órgano laboral que los representa.  

§        Esta segunda causa amerita un tratamiento un poco más detallado.  Efectivamente, hay fundamentos para temer a la evaluación.  Los esquemas evaluativos desprendidos de los sistemas en boga de aseguramiento de la calidad efectivamente repercuten sobre la reputación, los salarios y/o las posibilidades de carrera futura de diversos actores dentro del sistema educativo.  Es el caso, para bien o para mal, del sistema de evaluación que los maestros han tenido la ocasión de conocer más de cerca: el programa de Carrera Magisterial.  Es el caso del uso que en algunos países se hace de la evaluación del aprendizaje de los alumnos, que puede llegar a repercutir hasta en el presupuesto asignado a la escuela o, como en el caso de Inglaterra, en su eventual clausura.

Sin embargo, no toda evaluación produce este tipo de efectos.  Y la evaluación que requiere el país no tiene porqué ocasionarlos.

En México necesitamos información evaluativa que fundamentalmente:

§        Nos informe sobre la marcha de la educación nacional y sobre su evolución.  Esto nos conduce a producir indicadores de desarrollo educativo que nos permitan, en todo momento, contar con termómetros acerca del progreso, estancamiento o retroceso en relación con procesos evolutivos prioritarios.  Los relativos a la equidad son, desde esta perspectiva, de especial importancia.  Pero también podríamos mencionar indicadores relativos a la cobertura, a la eficiencia, a la eficacia, al impacto social y económico.  México ya produce un conjunto de indicadores relacionados con estos temas.  Hace falta mejorar la calidad de algunos, precisar y profundizar otros, ampliar algunos más, desagregar varios de ellos y, sobre todo, leer evaluativamente lo que nos están indicando acerca de la marcha del sistema, a fin de poder tomar las medidas correctivas o promocionales pertinentes, a los diversos niveles de toma de decisiones dentro del sistema educativo nacional.  Estos indicadores nos responderían, entre muchas otras, preguntas acerca de la capacidad del sistema educativo de atender a su demanda, de hacerlo de manera cada vez más equitativa, de realizarlo con eficiencia, de producir los resultados sociales y económicos esperados.  Toda meta de gobierno debe traducirse en un conjunto de indicadores válidos y confiables que puedan ser utilizados para rendir cuentas acerca de su avance.

§        Nos señale el estado de la situación en el país respecto de la calidad de la educación que se imparte, en función de resultados de aprendizaje.  Lo que se persigue con este objetivo es contar con elementos para identificar los objetivos educativos que presentan mayores problemas en su logro; para señalar el tipo de escuelas que parece estar teniendo mayores dificultades para alcanzarlos; para ubicar regiones específicas que parecen requerir mayor atención.  Esta información es justamente la relevante para que la evaluación retroalimente la función normativa (el curriculum, los materiales de estudio, la formación y actualización de docentes) y la compensatoria (los tipos de escuela, los estados y regiones del país que requieren de una mayor atención en la forma de recursos materiales, técnicos y humanos, porque presentan mayores dificultades en el logro de los objetivos con todos sus alumnos).  Además de lo anterior, sería sumamente conveniente que esta información pudiera ser comparable en el tiempo, de forma que conozcamos nuestro grado de avance y mejoramiento respecto del logro de objetivos de aprendizaje.  Y si pueden realizarse estudios de investigación evaluativa que nos permitan profundizar en las causas de estos fenómenos, pues mejor aún.

§        Nos proporcione información acerca de los factores que inciden sobre la calidad que puedan ser modificados desde el sistema.  Bien sabemos que la calidad educativa es un fenómeno multideterminado.  Hay un conjunto de causas que son propias del contexto comunitario y familiar; otras son propias de las características del alumno individual.  Pero otras más dependen de la escuela y del maestro.  La investigación educativa reciente nos indica que este conjunto de causas es mucho más importante de lo que se había considerado.  Estos factores pueden ser modificados mediante políticas educativas y, sobre todo, a través de procesos de mejoramiento de la calidad desde la escuela.  Conviene, entonces, contar con datos sobre el maestro y sobre la escuela que puedan ayudarnos a comprender las diferencias en calidad y que orienten, en este sentido, las decisiones, nuevamente a los diferentes niveles del sistema educativo, incluyendo de manera muy importante a la escuela misma.  Más aún, se considera que son las propias escuelas, a través de sus colectivos docentes, las más indicadas para generar información de esta naturaleza a través de procesos de autoevaluación.

Ahora bien, estos estudios se basan necesariamente en muestras nacionales que se diseñen de forma tal que puedan ofrecer información sobre diferentes tipos de escuela y regiones del país.  De esta forma, los resultados de estos estudios no pueden proporcionar información para tomar decisiones sobre alumnos, sobre maestros, o sobre escuelas en lo individual.  El maestro seguirá siendo quien evalúe a sus alumnos y quien defina sus niveles de logro y su promoción o retención en el grado.  Es, por otra parte, importante que siga siendo así: ningún sistema de evaluación externo tendrá la capacidad de ofrecer información ni sobre todo lo que debe evaluarse, ni sobre el proceso que ha seguido el alumno en su desarrollo.  Sin duda los maestros deberán perfeccionar sus propios procedimientos evaluativos a fin de poder realizar cada vez mejor las evaluaciones de sus alumnos y de contar con elementos que den fundamentos a sus decisiones.  Pero la decisión sobre sus alumnos seguirá siendo de ellos. 

Esta información evaluativa tampoco proporcionará información sobre los maestros en lo individual.  Sí, en cambio, podrá ubicar zonas, regiones o tipos de escuela en las que los maestros requieran de apoyos especiales en asignaturas o campos determinados.  Podrá, por otro lado, señalar asignaturas, u objetivos específicos dentro de ellas, que deban ser objeto de programas especiales de actualización docente.  Las evaluaciones de los docentes y de sus alumnos propias del programa de Carrera Magisterial, que sí tienen como objetivo tomar decisiones sobre los maestros en lo individual, no deberán formar parte del órgano de evaluación al que nos estamos refiriendo.  Su función es distinta, y deberán por mismo estar ubicadas en otra dependencia.

Incluso suponiendo que en algún momento resultara conveniente – y existieran los recursos necesarios para hacerlo -- contar con información evaluativa de naturaleza censal, sería muy importante que la información nunca se manejara ni se divulgara a partir de la unidad escuela, salvo para la escuela misma.  Pudiera resultar importante contar con información censal para ciertos propósitos.  Uno de ellos, por ejemplo, es el desarrollo de la función compensatoria.   El conocido Programa de las 900 Escuelas en Chile, cuyo objetivo era el de apoyar de manera extraordinaria a las escuelas que se encontraban en peores situaciones de calidad educativa, pudo operar gracias a que contaba con información censal de rendimiento académico de todos los alumnos del país.  Esta información, sin embargo, fue utilizada para apoyar a las escuelas que se encontraban en peor situación, y no para evidenciarlas o dañarlas.  La orientación de la evaluación educativa en el país debe, desde mi punto de vista, estipular con claridad la explícita prohibición de utilizar la información para evidenciar o dañar escuelas individuales.

Entonces, si la evaluación no se utiliza para tomar decisiones sobre individuos (ni maestros, ni alumnos, ni supervisores), y si tampoco puede utilizarse para evidenciar o dañar escuelas singulares, sino en todo caso para apoyarlas, las razones para temer la evaluación se desvanecen.  Por el contrario, la evaluación se convierte en un elemento (desde luego no el único, pero uno muy importante) para mejorar la calidad de la educación en el país, y para asegurar que esta calidad sea cada vez más equitativa.  La evaluación es así un aliado, y no un enemigo, del docente.

Un organismo de evaluación externo a la Secretaría de Educación Pública, que tenga como propósito ayudarle a cumplir mejor sus funciones normativa y compensatoria, y que a ella y a sus contrapartes en los estados les proporcione información que conduzca a decisiones que coadyuven a mejorar la calidad y la equidad de los servicios educativos que ofrecen, tiene sentido para todos los mexicanos. 

Condición para que estos propósitos se cumplan es que todos los actores estén informados acerca de los resultados de la evaluación.  Es muy importante que lo estén todos aquellos que pueden tomar decisiones conducentes a transformar situaciones que permitan elevar la calidad de los procesos y de los resultados, desde el Secretario de Educación Pública hasta el maestro de grupo y el padre de familia.  Y resulta fundamental que la sociedad tenga los elementos para juzgar sobre el estado y los avances de la educación pública en el país, de forma tal que fortalezca los mecanismos propios de la democracia para propiciar su mejoramiento.